Contenido
Los países miembros de la UE deben adaptarse a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2019 y poner en marcha una normativa que garantice la prevención de delitos internos en la empresa, así como la
protección a los denunciantes que en España estarán cubiertos por lo especificado en la Ley 2/2023, de 20 de febrero,
reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
También hay otras leyes que obligan a las empresas a tener implementado un canal de denuncias, como son el Código Penal,
la Ley de Igualdad dentro de los planes de igualdad, la Ley de Blanqueo de Capitales o la Ley de protección integral de la
infancia y la adolescencia para empresas del ámbito deportivo, ocio o educativo que cuenten con la presencia de menores.
Las empresas con un mínimo de 50 empleados están obligadas a implementar este canal de denuncias según lo indica la
Comisión Europea en su directiva whistleblowing.
Las empresas tienen los siguientes plazos para implementar el canal de denuncias obligatorio:
• Las empresas con 250 o más trabajadores, tendrán 3 meses para hacerlo desde el momento en que la ley de protección del
denunciante entre en vigor.
• Las empresas de 50 a 249 trabajadores tendrán hasta el 1 de diciembre de 2023 para implementar el canal de denuncias.
